Autoras:
Sofía Hang; Laura Camera y Carolina Murga. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP.
Integrantes del Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios Familiares, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata.
Es necesario transversalizar la perspectiva de género, re-pensar las normas, políticas y/o programas estatales, articular a partir de la constitución de redes sociales con el Estado, organizaciones de la sociedad civil y espacios académicos. Se debe construir un sistema de relaciones sociales más igualitario, no sólo en el plano interpersonal, familiar y laboral, sino también para cada una de las esferas de la vida.
En este marco de ideas es que desde distintas unidades académicas de la Universidad Nacional de La Plata se trabaja con mujeres de la agricultura familiar. Ante la necesidad de enfrentar las desigualdades de géneros en el sector rural, el empoderamiento de las mujeres de la agricultura familiar surge como respuesta a esta problemática; por su contribución socioeconómica al bienestar de sus hogares y comunidades, a través del trabajo no remunerado que realizan, papel invisible pero poderoso que debe ser reconocido.
El rol de las mujeres en la agricultura familiar es trascendental, no sólo en el trabajo productivo que realiza la familia sino también en el trabajo reproductivo que se lleva adelante hacia dentro de sus hogares. Cocinar, lavar, limpiar, ordenar, son tareas de las que generalmente se ocupan las mujeres; mientras que del trabajo productivo se ocupan tanto hombres como mujeres.
La perspectiva de género permite problematizar respecto de las tareas que realizan hombres y mujeres y ayuda a entender por qué históricamente algunas quedan en manos sólo de las mujeres.
Intervenir con perspectiva de género, permite acercarse al territorio de un modo en que tanto mujeres como varones tengan las mismas posibilidades y herramientas para participar de reuniones y espacios de tomas de decisiones. Para esto es necesario tener en cuenta los horarios de las reuniones (adaptados al cuidado familiar de los niños/as), el lugar en el que se llevarán a cabo (con un espacio para dejar a los niños/as) y la aclaración en las invitaciones que las productoras están invitadas.
Nuestro país tiene normativa específica para terminar con la discriminación y violencia hacia las mujeres. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de la cual Argentina es parte, trata específicamente la situación de las mujeres rurales. En su artículo 14 establece que: “Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales” , asimismo, “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios…”.
Además, se les debe asegurar el derecho a participar en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo; tener acceso a servicios adecuados de atención médica; beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; obtener todos los tipos de educación y de formación académica y no académica; organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas; participar en todas las actividades comunitarias; obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas; y a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.
En el año 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), espacio que supervisa la aplicación de la Convención, estableció ciertas preocupaciones y recomendaciones para el estado argentino.
Entre sus preocupaciones se encuentra la pobreza de las mujeres rurales y su dependencia de las transferencias públicas, el acceso limitado a la justicia, la educación y los servicios de salud, el riesgo de desalojos forzosos y de violencia y acoso sexual.
Ante esta situación, el Comité de la CEDAW recomienda: acelerar la igualdad de acceso de las niñas y mujeres indígenas a todos los niveles de educación; mejorar la infraestructura escolar en áreas rurales y remotas para facilitar su acceso a la educación; acelerar la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en todas las esferas en que las mujeres siguen estando desfavorecidas; adoptar políticas para prevenir el desalojo forzoso y prevenir la violencia; asegurar que las mujeres rurales estén representadas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles; y asegurar la asignación de recursos específicos, oportunidades de empleo, medidas de protección social y programas específicos de educación para las mujeres rurales.
Es por ello que nos encontramos ante la urgencia de capacitar en herramientas de abordaje del enfoque de género en el territorio, a través de las manifestaciones de los propios profesionales, técnicos y extensionistas, y avanzar en políticas públicas en relación a la violencia de género advertida. Por esta razón el principal desafío reside en su instalación en la agenda pública y en el compromiso de gestión de políticas públicas orientadas a las mujeres desde un enfoque de promoción de derechos y de construcción de ciudadanía.
Para finalizar y habiendo advertido la necesidad de construir espacios donde se visibilice la cuestión de género y todo lo que ello implica, continuaremos trabajando en ese sentido junto con otras instituciones a fin de elaborar entre todos y todas una agenda de trabajo y herramientas de abordaje a fin de hacer este mundo más inclusivo y equitativo.